Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben de respetar y proteger la dignidad humana, defendiendo los derechos humanos de todas las personas…

Queremos con el presente articulo proporcionar una opinión crítica y comparativa con respecto a actuar de los funcionarios públicos en su función de policía a la hora de acatar una orden de disparar o no hacerlo, las consecuencias que se desprenden de las mismas, las respectivas sanciones y demás; todo con base en  la normatividad que regula su competencia y desempeño, para de esta forma entender y conocer las circunstancias, derechos y limitaciones que deben de tenerse en cuenta por parte de la autoridad pública a la hora de actuar por medio del uso de la fuerza.

Se hace indispensable entonces en principio, tener en cuenta la ley número 1801 del 2016 (29 de julio) en su artículo número 16 en donde se da una clara concepción de la función de la policía así:

“hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del poder de Policía, mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia. Esta función se cumple por medio de órdenes de Policía”

En la misma se menciona el objetivo claro de establecer condiciones de bienestar y protección para la convivencia en el territorio nacional, todo esto de conformidad con la Constitución Política de Colombia que es norma de normas y que está estructurada bajo el entendido de que Colombia es un Estado Social de Derecho y que por ende el Estado tiene como prioridad y función principal la protección y el respeto de la dignidad humana, por lo que es válido afirmar que a diferencia de las constituciones anteriores la actual propende por el cuidado y priorización del ser humano como objetivo principal del funcionamiento de la dictada norma, esto entonces permite concluir que toda norma distinta debe de ser estructurada y conformada bajo los mismos entendidos y con la misma finalidad que es entonces proteger y salvaguardar los derechos de todas las personas.

Los policías, servidores públicos del Estado entre de sus funciones está el propender por el bienestar de la comunidad y asegurar el correcto comportamiento y cumplimiento de la normativa por parte de los ciudadanos, frente al incumplimiento de las mismas tienen permitido aplicar distintas sanciones entre ellas; el retiro de sitio, registro a persona, registro a medios de transporte, suspensión de actividad, ingreso a inmueble con respectiva orden, incautación, uso de la fuerza, etc. Para cada una de las anteriores se debe tener presente el cumplimiento de unos requisitos procedimentales específicos ya normativizados respectivamente en la ley 1801 de 2016 desde el articulo 149 hasta el artículo 171, puesto que no es potestad autónoma de cada funcionario aplicar la sanción que quiera cuando quiera sin fundamento alguno, Al contrario, cada acción debe ser debidamente justificada y probada, para el objeto del tema de estudio expondremos únicamente, según la resolución 02903 del 23 de junio 2017 el concepto de uso de la fuerza así:

“Uso de la fuerza:

Es el medio material, legal, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad de conformidad con la ley y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”

¿Qué lleva a un funcionario público a disparar a un civil ocasionándole la muerte? ¿Qué consecuencias trae que un policía no acate una orden de disparar?

Estas y muchas más preguntas son las que encabezan el objeto de análisis de este artículo, para lo cual es de vital importancia tener en cuenta que las armas proporcionadas a los Policías son medios de apoyo de carácter técnico y tecnológico concebidos para controlar única y exclusivamente situaciones específicas, con el objetivo de hacer un uso diferenciado de la fuerza neutralizando o disuadiendo una amenaza, que obligatoriamente debe poner en riesgo el interés general o el derecho a la vida de determinados sujetos.

La convención interamericana de derechos humanos, norma que sin duda alguna es imperativa determina que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que este mismo derecho está protegido por la ley y que nadie puede ser privado del mismo de forma arbitraria.

Aseveración que pone de principio que, si en dado caso se incumple por parte del funcionario público, entonces del Estado será condenado por la Corte Interamericana mediante sentencia.

Según el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979:

Dignidad Humana

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben de respetar y proteger la dignidad humana, defendiendo los derechos humanos de todas las personas, por ende, solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera los mismos podrán hacer cumplir la ley mediante el uso de la fuerza”.

Es de anotar, que con respecto a la munición de armas deben figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando sea apropiado esto con miras a restringir la ocasión de lesiones o muertes. Como principio básico sobre el empleo de la fuerza se tiene que:

NO Violencia

los funcionarios utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”.

¿Cuál es el debido proceso al sentir que su vida corre peligro?

En caso de que esto pase los funcionarios deberán tener en cuenta entonces:

  • Ejercer el uso en defensa propia o de otras personas
  • Peligro inminente de muerte o lesiones graves
  • Evitar la comisión de un delito grave que exponga amenaza para la vida
  • Detener una persona que represente un peligro y oponga resistencia a la autoridad o para impedir su fuga
  • Ejercer moderación
  • Actuar en proporción a la gravedad del delito
  • Reducir el mínimo de los daños
  • Respetar y proteger la vida humana
  • Prestar lo antes posible asistencia medica
  • Notificar lo sucedido

Solamente en caso estricto inevitable para proteger una vida y que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr objetivos, los funcionarios en estos casos excepcionales deberán identificarse como tales, dar una debida advertencia de su intención de emplear armas de fuego con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, siempre y cuando esta advertencia no implique poner en riesgo la vida de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. De conformidad con lo anterior,

Privación de la Libertad?

los gobiernos deberán adoptar las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Finalmente es importante tener en cuenta que las personas afectadas por el empleo indebido de la fuerza y de armas de fuego, tendrán acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial.

Los gobiernos encargados de hacer cumplir la ley deben adoptar medidas necesarias para que no se imponga ninguna sanción penal o disciplinaria contra los funcionarios que se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o denuncien ese empleo por otros funcionarios.

NO acatar la orden?

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán alegar obediencia de órdenes superiores si tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la cual se ha ocasionado la muerte o heridas graves a una persona, era manifestantemente ilícita y tuvieron una oportunidad razonable de negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán responsables los superiores que dieron las ordenes ilícitas.

Es importante dejar claro en razón de que no se presente una justicia inequitativa que esta responsabilidad es competencia de la justicia penal militar ya que es esta, la encargada de investigar y juzgar los delitos cometidos en actos relacionados con el servicio por miembros uniformados de la fuerza pública.

Isabella Baquero
Lider Conecta Corporación Epígrafe